Actualidad Normativa: Decreto 0570 de 2018

El Gobierno, a través del Ministerio de Minas, hizo público el decreto que reglamenta la introducción de las energías renovables a la matriz energética del país. Esta era una pieza de regulación largamente esperada en un sector que, justamente, reclamaba reglas más claras para empezar a jugar en un terreno con mucho potencial futuro.

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Entre los objetivos del decreto se destaca “fortalecer la resiliencia de la matriz de generación de energía eléctrica ante eventos de variabilidad y cambio climático a través de la diversificación del riesgo”. O sea, crear nuevas fuentes de energía para resistir una sequía, como la que se vivió en el pasado fenómeno de El Niño. El mismo documento reconoce que, según instituciones como el Departamento Nacional de Planeación, han diagnosticado que la generación de energía eléctrica en Colombia está demasiado concentrada y recomienda su diversificación.

De acuerdo con un informe de SER Colombia, una agremiación de empresas locales y extranjeras que buscan el desarrollo de las fuentes no convencionales de energías renovables, “el reciente fenómeno de El Niño evidenció que la matriz energética colombiana necesita ser diversificada con energías renovables no convencionales, que sean complementarias para las ya existentes. Estas fuentes de energía tienen un gran potencial en el país, y una participación mínima actualmente”.

Para mediados del año pasado, la Unidad de Planeación Minero-energética (UPME) daba cuenta de cerca de 200 proyectos de energías renovables no convencionales inscritos ante esta entidad. Si todos estos entraran a funcionar, se estaría hablando de un potencial energético de alrededor de 4.000 megavatios de potencia (40 % de la demanda de potencia del país) y de inversiones por el orden de US$6.000 millones.

Según el nuevo decreto, la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) tiene hasta el 31 de julio de este año para establecer el esquema mediante el cual se trasladan los “costos eficientes de compra de energía” a la tarifa de los usuarios finales. El documento le da un plazo de un año al Ministerio de Minas, la CREG y la UPME para actualizar la normatividad vigente “que permita, entre otros, el planeamiento, conexión, operación y medición para la integración de los proyectos de generación de energía eléctrica…”.

Fuente: El Espectador.